Con 80 votos, el pleno de la Asamblea aprueba informe que descarta responsabilidad política de ministros de Estado en el caso Progen
Con 80 votos a favor, provenientes del oficialismo y de sus aliados, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó este domingo, 30 de agosto de 2026, el informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con las compañías Progen Industries y Austral Technical Management, que elaboró la Comisión de Transparencia.El documento recibió, asimismo, 63 votos en contra y 3 abstenciones . A la sesión, que se desarrolló de manera virtual, se conectaron en total 146 legisladoresEl informe aprobado tiene tres conclusiones referidas al proceso de contratación de estas empresas, cuyos incumplimientos en la entrega de equipos eléctricos generó perjuicios al Estado por más de $ 100 millones.
En primer lugar, que las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación para la generación de energía eléctrica en los proyectos Salitral y Quevedo, encargados a Progen; y el de Esmeraldas, que manejó Austral, fueron objeto de exámenes especiales de la Contraloría General del Estado, la cual ya ha establecido responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, y que este organismo de control impondrá las sanciones que correspondan en materia administrativa y civiles contra de las personas y servidores públicos responsables.En la lectura de este apartado, la presidenta de la Comisión y ponente, Diana Jácome (ADN), recalcó que la Contraloría no encontró responsabilidades en ningún ministro del gobierno de Daniel Noboa.
En segundo lugar , que las contrataciones se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, que es el órgano competente para impulsarla acción penal y recabar los elementos de convicción suficientes para alcanzarlas sanciones que correspondan en materia penal. Y, finalmente, que de las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades que sean susceptibles de responsabilidad política.Jácome destacó que el Gobierno ha activado acciones legales local e internacionalmente para hallar a los responsables e instó a las autoridades de control y a la justicia a continuar con las investigaciones respectivas para que los culpables respondan y se recuperen los recursos de los ecuatorianos.“Cada centavo del pueblo se honra y se respeta”, expresó la legisladora oficialista.
En el debate, Guido Mendoza, legislador de la Revolución Ciudadana (RC) e integrante de la comisión , señaló que este documento se ha llevado al pleno tras nueve meses de haber sido aprobado en la mesa.Dijo que es un informe “superficial”, ya que solo se dieron tres sesiones, con tres comparecencias, pero que en ningún momento se convocó a los ministros de Energía que estaban en funciones al momento de las contrataciones: Roberto Luque e Inés Manzano.Recordó que su coidearia y también miembro de la comisión, Germania Romero, solicitó que ambos sean convocados y la mayoría oficialista se opuso.A su turno, en el debate, Romero confirmó lo dicho por Mendoza.
Aseguró que, al no incluir las versiones de estos funcionarios, la investigación está incompleta.“Esto no es fiscalizar, es investigar a conveniencia. Y pretenden convertir esa investigacion incompleta en una bsolución politica”, indicó la correísta, quien pidió que se suspenda la sesión y se convoque en comisión general a los minsitros “ya que no le dieron la cara a ma comisión”. Los legisladores oficialistas Jorge Chamba y Sergio Peña, en tanto, defendieron el trabajo de la Comisión.
Chamba señaló que la mesa hizo un buen informe y pidió a la justicia que continúe con sus investigaciones. Agregó que el presidente Daniel Noboa ha dicho que se sancionará a quien sea culpable y que se recuperará el dinero perdido. “Caiga quien caiga, responderá por sus errores”, refirió.
De su lado, Peña expresó que la Constitución y las leyes que se aprobaron durante el gobierno de Rafael Correa señalan que los ministros de Estado tienen a su cargo la rectoría y la supervisión de sus áreas de acción, pero no la responsabilidad sobre los contratos que se firmen.Cuestionó que los mandos medios tengan más responsabilidades que un ministro en ese aspecto.“No podemos juzgar a quien no tuvo responsabilidad según la ley... Pero eso no quiere decir que apoyemos la impunidad”, reflexionó.Peña indicó que todos los hallazgos están bien documentados en el informe que aprobó la mesa.El informe será remitido a las autoridades de control y de justicia que están investigado en caso.
(I)